Tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en la masacre en Tlatlaya

Tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en la masacre en Tlatlaya

El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

(Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Un tribunal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en México, ocurrida en junio de 2014.

De acuerdo con reportes en medios, la Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento, pero en 2016 todos salieron de prisión, pues un tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos.

En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares, señalados como presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. Antes, otros militares también habían quedado en libertad por falta de elementos. En la sentencia el magistrado dejó claro, que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”, por lo que el caso no estaba cerrado y nadie había sido exonerado porque no pudieron ser juzgados.

El mismo Sexto Tribunal Unitario del Edomex resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para que sean enjuiciados.

De acuerdo con El País, el cambio de criterio en los juzgados ha tenido que ver con la decisión previa de otro tribunal, que obligaba a este a contemplar pruebas que antes obvió. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.

El caso Tlatlaya sacudió al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano; a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en junio pasado, en el marco del quinto aniversario de los hechos.

En un comunicado, el Centro Pro recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

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Un tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en el ‘caso Tlatlaya’ en México

Un tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en el ‘caso Tlatlaya’ en México

Los jueces consideran pruebas descartadas hasta ahora y reactivan el proceso contra siete militares implicados en la matanza que sacudió al país durante el Gobierno de Peña Nieto

Caso de Tlatlaya
Algunos miembros del Ejército mexicano. DIEGO REYES CUARTOSCURO

Un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en México, en junio de 2014. La Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión. Entonces, dejando de lado pruebas cruciales, el mismo tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos. Pero ahora, tenidas en cuenta todas las pruebas, los jueces han decidido la reaprehensión de los soldados.

Al menos ocho personas fueron asesinadas en aquel evento, hace ya más de cinco años. Nadie supo en un principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa, Sedena, divulgó una versión distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. El Ejército dijo que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, a unas horas de la capital; que los civiles habían atacado a los militares y que estos se habían defendido; que en el tiroteo, 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido.

En septiembre de ese mismo año una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes. Otras dos testigos dijeron lo mismo. En su investigación, la Fiscalía concluyó que los asesinados eran ocho, el resto había caído en combate. La oficina del ombudsman elevó ese número, sin embargo, a entre 12 y 15. Además, los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión.

La irrupción de Gómez y las demás testigos provocó un escándalo en México que acabó en la detención de los militares. Pero los errores y omisiones de los investigadores, estatales y federales y las controvertidas interpretaciones de los jueces acabaron con los militares en libertad. Procesados, acusados, pero en libertad.

La nueva orden de detención supone un giro en el caso, congelado desde la liberación de los militares en 2016. Sus abogados podrían ampararse ante la decisión del tribunal, pero su margen de actuación es estrecho. De todas formas, los jueces podrían impulsar la detención de los soldados mientras esto ocurre. Su captura depende ahora de la voluntad de la fiscalía, reticente en el pasado a volcarse en este caso. Y también del actual Gobierno y su capacidad para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.

El cambio de criterio en los juzgados ha tenido que ver con la decisión previa de otro tribunal, que obligaba a este a contemplar pruebas que antes obvió. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.

El caso Tlatlaya sacudió al Gobierno de Enrique Peña Nieto, poco antes de la desaparición, a finales de septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La actuación del Ejército en tareas de seguridad pública en México es, no obstante, motivo de polémica desde hace más de una década. Son varias las causas y sin duda la primera es la cantidad de señalamientos por tortura, homicidio y desaparición forzada. Desde que las Fuerzas Armadas suplen masivamente a los cuerpos policiales, esto es, desde principios del Gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, los señalamientos por asesinato, tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos se cuentan por decenas. De 2007 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 125 informes en que probaba la culpabilidad de elementos del Ejército en este tipo de delitos.

Otro de los motivos de la controversia es su opacidad, la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas. Hasta la semana pasada, México desconocía el número de civiles que han muerto en enfrentamientos con militares en los últimos cinco años. Cuestionado al respecto, el Ejército respondía que ellos no llevaban la cuenta. Aunque suene raro, nadie, ni el Gobierno pasado ni este, le habían hecho reproche alguno. Y la semana pasada, sin explicación alguna, el secretario de la Defensa llegó con todos los datos: de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2019, 5.396 mexicanos –el Gobierno les llama a todos “agresores”– murieron en enfrentamientos con militares.

El uso de la palabra agresor no es baladí. Es uno de tantos conceptos que el Ejército emplea habitualmente en sus comunicados, como repeler o abatir. Entre todos arman una narrativa en la que la institución siempre se comporta de acuerdo con la ley, sin cometer errores, mucho menos delitos. Así ocurrió en el caso de Tlatlaya y así ha ocurrido en decenas de casos estos años.

Más allá del destino de los soldados, la decisión del tribunal es importante porque reconoce por primera vez la existencia de un segundo evento de disparos. El Ejército y la defensa de los soldados siempre ha negado que los militares ejecutaran a los supervivientes después del enfrentamiento. Han negado que existiera una segunda ronda de disparos, posterior al tiroteo.

Los militares acusados de homicidio y encubrimiento son elementos de tropa. Sus nombres son Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. El teniente que iba al mando esa madrugada, Ezequiel Rodríguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo enfrenta una acusación por ejercicio indebido. El tribunal considera que no hay pruebas de que él supiera qué ocurría dentro de la bodega, aunque estuviera a pocos metros.

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Detecta el Conacyt corrupción en algunos de sus 65 fideicomisos

Álvarez-Buylla: se repite un mismo proyecto hasta en 20 ocasiones

Revela que agentes desviaron recursos para fines ajenos a la ciencia

Informa de casos en los Fondos Mixtos que se aplican en estados

Los organismos serán fiscalizados con ayuda de la Función Pública

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La SFP empieza las auditorías

Detectan en el Conacyt el desvío de recursos en varios fideicomisos

Encuentran hasta 20 veces un mismo proyecto // Destinan indebidamente recursos a obras sin fines científicos: Álvarez-Buylla

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2019, p. 19

La actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha encontrado anomalías en algunos de sus 65 fideicomisos de los que ejercen recursos públicos, los cuales serán fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La directora general del consejo, Elena Álvarez-Buylla, indicó que se ha detectado que, por ejemplo, un mismo proyecto se repite hasta en 20 ocasiones.

En un foro en el que estuvo acompañada por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, Álvarez-Buylla afirmó que esto es muestra que hubo agentes que se especializaron en obtener recursos del erario para fines distintos al ámbito de la ciencia y tecnología.

Tenemos 65 fideicomisos, que se dice rápido, pero es prácticamente imposible fiscalizar de manera eficiente y transparente a todos en su conjunto; hemos encontrado hasta 20 veces un mismo proyecto bajado por diferentes agentes que se han especializado en recibir recursos de la función pública, del erario, para fines que no son justamente los que marca la ley.

La funcionaria refirió que 35 de los fideicomisos del Conacyt son del programa llamado Fondos mixtos, dirigidos al trabajo en las entidades federativas y que una cantidad importante de estos recursos se han destinado, por ejemplo, para obra civil e infraestructura, que muchas veces no redunda en un beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país.

Enfatizó que bajo los nuevos lineamientos de la Cuarta Transformación, el fin de la dependencia a su cargo es consolidar estos fideicomisos y una reforma profunda para asignar los recursos en la materia.

Fachadas de corrupción

La secretaria de la Función Pública señaló que por décadas los fideicomisos fueron fachadas para esconder corrupción en el país. Es incuestionable el vínculo que se ha fabricado para hacer de los fideicomisos, no sólo auténticas cajas chicas, sino que se constituían en fachadas para ingeniería financiera y contable, y para esconder franca corrupción.

Por medio de estos mecanismos, agregó Sandoval, las entidades y los organismos gubernamentales dispusieron de recursos públicos sin vigilancia y sin supervisión por parte de los órganos internos de control del Estado o de alguna otra instancia de fiscalización. Ello provocó irregularidades en la gestión pública y llegó a generar importantes daños patrimoniales con el franco desvío de los recursos y de la defraudación fiscal en los pasados gobiernos federales y locales.

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Barcelona dividida… José Cueli

Barcelona dividida
José Cueli
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Como en su nombre, como en su espíritu, como en sus tradiciones, como en sus reclamos, todo es singular en la Barcelona que acarician las olas del mar Mediterráneo.

Uno de esos reclamos es el que de nuevo cimbra a los catalanes. Los disturbios en varias ciudades, la misma Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell y Tarragona se sucedieron en la segunda jornada de movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a nueve líderes independentistas por sedición.

En el olvido que guarda las luchas fratricidas durante la Guerra Civil española en que la caída de la ciudad Condal fue el inicio de la victoria del general Franco.

En la misma forma en Barcelona se sucedió la triste historia de Don Quijote de la Mancha. Ahí fue vencido por el Caballero de la Blanca Luna. Hízose éste el encontradizo, le buscó quimera por procedencia de hermosura de sus respectivas damas, le derribó y le pidió confesase las condiciones del desafío. Y el gran Don Quijote –dice don Miguel Unamuno– ‘‘El inquebrantable caballero de la fe, el heroico loco, molido y aturdido y como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enfermiza dijo: ‘Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo y yo el caballero más desdichado de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad; aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra’”.

Ved aquí, dice don Miguel, cómo cuando es vencido el invicto caballero de la fe es el amor lo que en él vence. Esas sublimes palabras del vencimiento de Don Quijote son el grito sublime de la victoria del amor.

Él se había entregado a Dulcinea sin pretender que por eso se le entregase Dulcinea y así su derrota en nada empañaba la hermosura de la dama. Él había hecho en pura fe, creada con el fuego de su pasión; pero una vez creada, ella era ella y de ella recibía su vida.

Nada menos que en la grande y florida ciudad de Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y belleza única fue derrotado nuestro admirado Don Quijote.

En esta Barcelona, dice don Miguel, al rayar el día aposentó Don Quijote su vista en el mar, pareciéndole espaciosa y larga, vio las galeras y se halló de fiesta.

Antes de que llegara la burda ciudadana de los catalanes que rodeándolo al son de chirimías y atabales lo llevaron al centro de la ciudad, donde los mozos lo derribaron de Rocinante poniéndole aliagas bajo el rabo. Sí. Don Quijote de hazmerreír de la ciudad y juguete de los mozos. Esa humillación que han sufrido en muchas ocasiones los grupos separatistas en la Barcelona singular.

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Pueblos contra el neoliberalismo

Pueblos contra el neoliberalismo
Ángel Guerra Cabrera
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Estados Unidos y las derechas locales están acentuando su feroz ofensiva para derrocar a los gobiernos revolucionarios y progresistas y aplastar a las fuerzas populares de nuestra región que no cejan en el combate a las políticas neoliberales. Lo hacen mediante el uso de los monopolios mediáticos, del terrorismo de Estado crudo y duro y la transgresión descarada de los principios del derecho internacional. El neoliberalismo se caracteriza por el ejercicio generalizado de la inhumana acumulación por desposesión, enunciada en Breve historia del neoliberalismo por David Harvey.

La cruenta represión en Ecuador contra indígenas y sectores populares que resistían bravamente en las calles al paquetazo del FMI y la intensificación de la persecución inconstitucional contra los líderes del movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa demuestran lo que afirmo. La resistencia logró una victoria importante al forzar al gobierno a derogar el decreto 883, sólo una parte del paquetazo, pero al costo de más de 800 heridos, más de mil detenidos y ocho muertos. La protesta fue respondida con una violencia sin precedente cercano en la nación sudamericana. Washington y las derechas no cuidan siquiera conservar la apariencia de ciertas formas de democracia representativa si se trata de castigar a rebeldes.

En Haití, tras meses de grandes batallas populares contra la corrupción gubernamental, el hambre y la pobreza generalizadas, se endurece la represión que ya cobra decenas de muertos, heridos y detenidos. Crece la indignación popular y la demanda de que renuncie el presidente Juvenal Moïse, con quien ya las organizaciones sociales dieron por terminada toda posibilidad de diálogo. De esto apenas se habla en los medios hegemónicos, que no se dan abasto para mentir sobre Venezuela. Sin embargo, la patria de Bolívar está en calma, el gobierno trabaja sin descanso para proteger al pueblo de los efectos del bloqueo genocida como los que se aplican contra Cuba, Irán y Corea del Norte, y revitaliza gradualmente las actividades.

Caracas continúa el diálogo con los sectores de la oposición que adversan el bloqueo de Estados Unidos, se pronuncian por una salida política al conflicto y coinciden con la postura oficial en cuanto a la disputa por el Esequibo. Las pláticas avanzan y el vicepresidente Jorge Rodríguez anunció el 16 de octubre que ambas partes instalaron ya la Mesa Complementaria Electoral, en la que el primer paso es la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Han instalado también la mesa sobre el daño económico del bloqueo, que dará pie a una gestión ante la ONU para plantear el cambio de petróleo por alimentos y medicinas. Han confirmado acuerdos aceptados en República Dominicana por los representantes opositores cuando recibieron orden en contra del entonces secretario de estado estadunidense Rex Tillerson. En cuanto a la puesta en libertad de opositores, están por darse a conocer este jueves por el fiscal general Tarek William Saab las medidas y nombre de las personas beneficiadas. A esto se une el disgusto con Guaidó de la oposición de extrema derecha por haberla marginado en el reparto del gran paquete de apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) dedicado al gobierno del presidente Guaidó. Washington le ha entregado fondos multimillonarios a esta banda conocida por gastarse en parrandas en Cúcuta y Bogotá los fondos de otros países para ayuda humanitaria. La Argentina de Macri y la Colombia de Duque los apapachan. El Brasil de Bolsonaro reconoce como embajadora de Venezuela a María Teresa Belandria, quien con todo el apoyo del canciller Ernesto Araújo y del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, presume de haber influido en decisiones como incluirla en la lista de embajadores en el sitio de Internet de la cancillería, a la vez que se retiraba toda la información de contacto de la legitima embajada de Venezuela. La señora tiene tal intimidad con Araujo que, contrariamente a la costumbre, son usuales sus visitas al ministro en Itamaraty los fines de semana. Desde que apareciera el 23 de febrero en la zona fronteriza de Pacaraima para empujar el cruce de la llamada ayuda humanitaria, Belandria se ha convertido en la portavoz en Brasil de la campaña mediática contra el gobierno de Maduro, siempre bajo la supervisión de la embajada estadunidense. Últimamente ha estado presionando a Araujo para continuar las medidas contra Venezuela, después de que lograra que la cancillería prohibiera el ingreso al país de una lista de diplomáticos bolivarianos. Es conocido que junto a los Bolsonaro trabaja contra los intentos del vicepresidente Hamilton Mourao por evitar el involucramiento de Brasil en una agresión a Venezuela.

Son honores al presidente Guaidó. El mismo que en el curso de una reciente visita mía a Caracas convocó a una marcha donde no se presentó nadie, ni él siquiera.

Twitter: @aguerraguerra

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Se hunde Romero Deschamps // Coparmex apoya a factureras… Carlos Fernández-Vega

México SA

Se hunde Romero Deschamps // Coparmex apoya a factureras

Carlos Fernández-Vega
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Finalmente, Carlos Romero Deschamps mordió el polvo y el líder renunció a la dirigencia del sindicato petrolero, del que, a lo largo de 26 años, se sirvió con la cuchara más grande que encontró. Se le apagó la estrella (impunidad plena) garantizada por cinco inquilinos de Los Pinos al hilo (de Salinas de Gortari a Peña Nieto; tres priístas y dos panistas).

Todo sabían de sus corruptelas, de sus excesos e ilegalidades, pero durante 26 años el tamaulipeco se mantuvo intocado, porque al régimen le fue extremadamente útil y en el círculo en el que se movía –impune y cómodo– lo tipificaron muy bien: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, o si se prefiere entre hijos de puta no se leen las manos. Pero llegó su turno.

Tres veces diputado y senador en dos ocasiones –siempre por el PRI y en todos los casos por la vía plurinominal–, Romero Deschamps acumuló una fortuna de cuento de hadas que exhibía de forma grotesca junto con sus hijos y demás familiares. Un sinfín de propiedades palaciegas, aviones, coches de lujo, viajes por aquí y allá, y todo, oficialmente, pagado con su módico salario de trabajador petrolero.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, al cierre de septiembre pasado –último dato registrado– Petróleos Mexicanos pagaba mensualmente dos salarios a Romero Deschamps: uno por un monto de 31 mil 671.88 pesos y otro por 6 mil 881.70 pesos, ambos en términos netos. En total, 38 mil 553.58 pesos.

Lo mejor del caso es que en la nómina de Pemex su puesto aparece como de clasificación pendiente, es decir, 26 años de líder petrolero y resulta que en la ahora empresa productiva del Estado nadie sabía por qué cobraba salario ni cómo lo desquitaba.

De cualquier forma, en el mejor de los casos el voraz Romero Deschamps utilizaba esos 38 mil y pico de pesos para dejar propinas en el café, porque su ingreso real, ostentoso y multimillonario, provenía del saqueo del sindicato petrolero y de las componendas con la dirección de la ex paraestatal, la Presidencia de la República, las secretarías del Ejecutivo, las empresas privadas y de quien permitiera –no sin algo a cambio, como el Pemexgate, por ejemplo– el chantaje o la ayuda del hasta ayer líder.

A menos de que su amigo Juan Collado asuma su defensa desde la cárcel (lo cual se ve muy complicado, porque el abogánster tiene sus propios pendientes), Romero Deschamps deberá buscar asesoría legal, aunque es de suponer que ya lo tiene resuelto.

Desde julio pasado se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó un par de querellas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el supuesto líder y su familia, pero de inmediato el juez décimo cuarto de distrito en el estado de México le concedió un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

El presidente López Obrador informó que sobre el caso de Romero Deschamps hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República y es ella la que tiene la investigación sobre este asunto. ¿Por qué delitos?, se le preguntó, y respondió: relacionados con ingresos, con obtención de recursos básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, esto es básicamente.

Uno menos. A Romero Deschamps se le acabó la fiesta, pero deja en el puesto, de forma interina, a otra fina persona, uno de sus incondicionales, Manuel Limón Hernández, diputado priísta, hasta ayer tesorero del sindicato petrolero y vinculado al Pemexgate. Pura joya.

Las rebanadas del pastel

Por las empresas factureras el erario deja de captar alrededor de 400 mil millones de pesos anuales, informó el presidente López Obrador, y acusó a la Coparmex de actuar como si fuera un partido político opositor por su duro que te dale en contra de la ley antihuachicoleo fiscal que ordena cárcel preventiva oficiosa a quienes se dediquen a esos menesteres. Y ahora Gustavo de Hoyos se dice mártir.

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Renuncia Romero Deschamps; indagan su enorme riqueza

▲ La imagen pública de Carlos Romero Deschamps fue siempre la de un tipo huraño como legislador y dirigente de ese gremio. Sin embargo, se transformaba en su vida social, en la cual todo era sonrisas y lujosos festejos. En 1993 fue designado secretario general interino del STPRM, que marcó su ascenso envuelto en múltiples acusaciones por desvío de recursos. Fue emblemático el caso del Pemexgate, en el cual se introdujeron 500 millones de pesos a la campaña del candidato priísta Francisco Labastida Ochoa. Foto José Carlo González

En la fiscalía general, denuncias por lavado y enriquecimiento ilícito

Renuncia Romero Deschamps; indagan su enorme riqueza

UIF: aún no se le congelan cuentas bancarias al ahora ex líder petrolero

Existen decenas de querellas por desvío de recursos y cuotas sindicales

El dimitente dice que se va porque las condiciones no son favorables

Manuel Limón lo releva de forma interina; fue ligado al Pemexgate

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Con la FGR detrás, Romero Deschamps deja el STPRM

Disidentes, en busca de la directiva

Foto

▲ Carlos Romero Deschamps estuvo al frente del sindicato petrolero desde 1993.Foto La Jornada
Jessica Xantomila y Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2019, p. 4
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Tras mantenerse como líder del sindicato petrolero en seis sexenios distintos (incluido una fracción del de Carlos Salinas de Gortari y de la actual administración federal), Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia como dirigente del gremio que encabezó por 26 años, en medio de una serie de denuncias penales en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no hizo un pronunciamiento de manera oficial al respecto, aunque fuentes cercanas a las dirigencias seccionales confirmaron que, en la reunión que duró dos horas, fue aceptada la renuncia de Romero Deschamps y se nombró al diputado priísta Manuel Limón Hernández, ex tesorero y secretario del interior de la agrupación, como secretario nacional interino.

Poco antes de las 10 de la mañana, los líderes de las de las 36 secciones arribaron a la sede principal en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Llegaron de saco y corbata, algunos con su insignia sindical, con rostro serio y sin emitir comentario.

Algunos de llegaron caminado; otros, en autos y camionetas de lujo, incluso blindadas.

Cerca de la una de la tarde, los asistentes comenzaron a salir, con un semblante aún más rígido, y nuevamente sin hacer algún comentario, ni siquiera para explicar que no harían declaraciones.

Trabajadores del gremio sólo refirieron que por la tarde se emitiría un comunicado oficial al respecto, lo que ocurrió, pero en el docuemnto sólo ofrece su postura Romero Deschamps.

En la entrada se vivió el mismo ambiente que caracteriza a la sede sindical desde hace décadas: puertas cerradas en las que no puede ingresar ningún representante de los medios de comunicación o personas externas. Incluso, los mismos afiliados tienen prohibido el paso si éste no es autorizado previamente.

Afuera, un grupo de empleados custodiaron la entrada y se encargaron de hacer vallas humanas para impedir que cualquiera se acercara a los vehículos que entraban y salían del sitio, práctica que ha prevalecido igualmente a lo largo de los años recientes.

Disidentes que acudieron con mantas al local sindical corearon a la salida de cada uno de los integrantes de la dirigencia consignas en su contra: ratas, corruptos.

Tras asumir la dirigencia del sindicato en junio de 1993, en diciembre de 2017 el sindicato religió por cuarta ocasión a Romero Deschamps como su secretario general, hasta diciembre de 2024. Durante dicho proceso, aunque se presumió que por primera vez hubo voto libre, los grupos opositores denunciaron que no hubo posibilidad de hacerlo de manera secreta, y acusaron intimidación para coaccionar el sufragio.

Las cientos de denuncias en contra de Romero Deschamps por presuntos desvíos de recursos del sindicato, que podrían ascender a miles de millones de pesos, así como por la opacidad en el manejo de las cuotas que aportan los más de 90 mil trabajadores afiliados al STPRM, siguen su curso en la FGR.

El sindicato tendrá 10 días para notificar el ajuste en su dirigencia a las autoridades federales. De acuerdo con fuentes del gremio, varios de los actuales secretarios de las 36 secciones están apuntados para relevar a Romero Deschamps. Aunque los estatutos establecen que Limón Hernández será interino por ocupar la secretaría del interior, deberá convocarse a un proceso en 90 días.

Por su parte, Jorge Fuentes García, coordinador general de la Gran Alianza Nacional Petrolera, quien se sumó a las protestas afuera de la sede del sindicato, afirmó que los trabajadores sólo aceptarán un cambio en el STPRM que incluya una renovación total de las 36 secciones.

Mario Rubicel Ross García, uno de los líderes opositores y quien sostiene que en los pasados procesos de renovación de la directiva ganó la titularidad, convocó a una conferencia de prensa para este día, en la que, asegura, expondrá por qué no existe ningún impedimento legal para que ocupe la secretaría general.

En tanto, Sergio Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, se disputa la dirigencia por medio de procesos legales, e incluso hace poco más de dos meses anunció que fue designado como nuevo líder del STPRM por grupos disidentes. A la par, María de Lourdes Díaz Cruz, dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, también quiere encabezar el gremio.

Además, desde febrero un grupo de trabajadores conformó el Sindicato Petroleros de México, encabezado por Yolanda Morales Izquierdo como secretaria general.

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LA CUENTA-Hernández

LA CUENTAHernández

 

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ROMERO SE VA-Fisgón

ROMERO SE VAFisgón

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Factureras y clientes, a la cárcel // Negocio boyante en el prianismo… Carlos Fernández-Vega

México SA

Factureras y clientes, a la cárcel // Negocio boyante en el prianismo

Carlos Fernández-Vega
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Tras la aprobación en San Lázaro de las modificaciones legales, el Legislativo terminó de construir el muro contra el huachicoleo fiscal, y a partir de ayer a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se suman los relativos al contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable; y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Así, las llamadas empresas factureras y sus usuarios pasan de ser simples evasores fiscales a candidatos que llenarán las cárceles (Mario Delgado dixit), por mucho que se oponga la minoría que votó contra los citados cambios legales, avalados con 318 votos a favor y 121 en contra (PAN, PRI y PRD, y cinco de Morena).

Infartados por la aprobación mayoritaria (tanto en el Senado –en septiembre pasado– como ahora en la Cámara de Diputados), los representantes de gobiernos prianistas (a lo largo de los cuales las factureras y, por ende, la evasión fiscal, crecieron como la humedad y nada hicieron para contenerlas) pusieron el grito en el cielo y calificaron de desproporcionada la citada reforma legal, al tiempo que amargamente se quejaron porque tal modificación abre la puerta, según dijeron, a un Estado represor y autoritario.

Para el caso de las factureras y los causantes que a ellas recurren para evadir impunemente al fisco, ¿qué sería lo proporcional? ¿Pedir disculpas y ya?, porque a lo largo de los años causaron severos daños al erario, sin consecuencia alguna para ellas. ¿Qué, entonces, sería justo? Se trata de delitos contra la nación que ameritan no sólo la acción inmediata en su contra –-comenzando por la prisión preventiva–, sino todo el peso del Estado.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia que se puso a consideración del pleno en San Lázaro se subraya que la expedición, enajenación y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es un problema nacional de la mayor relevancia. Ocasiona graves perjuicios a la estabilidad económica del país y sacrifica los bienes y servicios más elementales del gasto público.

refiere también que la percepción general es que esta práctica ilegal ha ido en aumento, al punto de encontrarse en un verdadero auge en los últimos años. Además de las prácticas ilegales de facturación falsa, la autoridad fiscal ha identificado esquemas diversos de evasión fiscal que también deben ser combatidos con estas herramientas que se incluyen en el ordenamiento jurídico. Por citar algunos, se deben considerar las prácticas de subcontratación a través de simulaciones, las cuales generan graves perjuicios a las arcas públicas, en adición a despojar a los trabajadores de sus prestaciones legales.

Y remata con la advertencia de que también los actos de corrupción que se realicen para obtener devoluciones de forma indebida son en extremo dañinos y deben ser perseguidos con estas reformas legales, pues no sólo se trata de una defraudación fiscal de carácter relevante, sino que conlleva la extracción de recursos que ya se encontraban en poder del Estado. Se sancionará penalmente a todos los participantes en la devolución correspondiente, incluyendo a los funcionarios públicos.

Semanas atrás, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, detalló el alcance del huachicoleo fiscal: evasión de 354 mil 512 millones de pesos por medio de facturas falsas; de 2014 a junio de 2019 se hallaron 8 mil 204 empresas factureras (que no es todo el universo), que en dicho periodo en conjunto emitieron 8.8 millones de facturas falsas, por alrededor de un billón 600 mil millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Y como no sabe hacer otra cosa, la Coparmex anuncia que se amparará contra la citada ley. ¿Cuántos de sus integrantes recurren a facturas falsas?

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