AHORA LE SALE NUEVA CASA A PEÑA EN IXTAPAN!

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El paraíso del Presidente de a Suprema Corte.

Si la Suprema Corte fuese un ejemplo de justicia al mundo no habría necesidad de recortar sus sueldos. Su abuso del erario, su parcialidad, su corrupción, sólo han alimentado la impunidad y crueldad de los victimarios. Basta de privilegiados.

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Las Críticas al Compañero Presidente López Obrador – Noroña en Vivo

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Gobierno de Colima confirma asesinato de “El Americano”, exlíder de los autodefensas en Michoacán

Gobierno de Colima confirma asesinato de “El Americano”, exlíder de los autodefensas en Michoacán

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MANZANILLO, Col., (proceso.com.mx).- Las autoridades del Estado de Colima confirmaron la muerte de Luis Antonio Torres G., alias “Simón El Americano” fundador del grupo armado “Los H3”, estaba relacionado con El Cártel de Colima, donde limita su presencia a esa entidad federativa, revelaron fuentes oficiales.

Los hechos se suscitaron sobre el bulevar costero Miguel de la Madrid, en la zona turística de Manzanillo, luego de que varios sujetos a bordo de motocicletas sacaran sus armas y dispararan en repetidas ocasiones contra el quien fuera también fundador de “Los Autodefensas en Buenavista Michoacán”.

“Simón El Americano”, como era conocido, se encontraba al exterior de un table dance o salón de baile conocido como “Bar Nudus”, en el cual quedaron varios impactos sobre la fachada.

El cuerpo de Luis Antonio Torres, presenta cuatro impactos y quedó en el interior del vehículo en el que se transportaba, del cual no se mencionaron más datos, se desconoce si había acompañantes o si hubo más

víctimas durante el suceso.

Luis Antonio Torres González, (a) “Simón El Americano”, era originario del poblado Punta de Agua, Municipio de Buenavista en Michoacán, alcanzó popularidad por sus caravanas de vehículos de autodefensas que participaron durante el 2013-2015, en la guerra contra el cartel de Los Caballeros Templarios.

Las fuentes de seguridad en el estado de Michoacán acusaban a “El Americano” de recibir financiamiento del Cártel de Jalisco para la creación de “Los H3”, en alianza con “Los Viagras” y funcionarios del gobierno federal, como el gobernador del estado Fausto Vallejo, o el Comisionado para la paz, Alfredo Castillo.

A la fractura de los autodefensas en 2015, Luis Antonio Torres fue vinculado, según información de inteligencia nacional, con el también extinto Gerardo Chávez Mendoza, (a) “El Gerardón”.

Bajo sus órdenes, “El Americano”, representaba al Cártel de Colima al momento de su muerte.

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Anuncian auditorías a Moreno Valle y abrogación de reformas

Anuncian auditorías a Moreno Valle y abrogación de reformas
Mónica Camacho
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Lunes 16 de julio de 2018, p. 28
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Puebla, Pue.

Los diputados locales electos de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) revisarán las seis cuentas anuales y una parcial del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) en cuanto rindan protesta, el 15 de septiembre próximo, a fin de verificar las acusaciones de corrupción que los legisladores aún en funciones se negaron a investigar.

La bancada de la coalición Juntos Haremos Historia definió su agenda parlamentaria para los próximos tres años, la cual incluye dar marcha atrás a la privatización del agua y a la llamada Ley Bala de Moreno Valle, la cual autoriza usar ‘‘armas incapacitantes no letales’’ contra protestas y propició que el 9 de julio de 2014 la policía estatal reprimiera una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, donde murió José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años.

El Congreso estatal ‘‘nunca será el escudero ni el esbirro del gobernador. Se le va a dotar de dignidad y fuerza suficientes’’, garantizó Gabriel Biestro Medinilla, dirigente local de Morena, quien será diputado plurinominal.

El Legislativo aprobó sin objeción las siete cuentas de Rafael Moreno Valle, debido a que el Partido Acción Nacional (PAN) es mayoría desde 2011, pero la perderá en la próxima legislatura, pues Morena, PT y PES se quedaron con 22 de las 41 diputaciones locales.

En una reunión privada, el sábado, los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia acordaron revisar el uso de recursos del primero de febrero de 2011 al 31 de enero de 2017.

Asimismo, determinaron promover la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, quien tuvo bajo su responsabilidad la fiscalización de las cuentas de Moreno Valle, virtual senador panista por la vía plurinominal.

La principal acusación contra Moreno Valle se refiere a la creación de un fideicomiso que desde 2012 administra la empresa Evercore, el cual maneja recursos del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como impuesto sobre nóminas. La principal función de este fondo es pagar las obras públicas realizadas durante su mandato con el esquema de proyectos de prestación de servicios.

Según Morena, el fideicomiso oculta una deuda pública de más de 70 mil millones de pesos generada en la administración de Moreno Valle, monto similar al presupuesto anual de Puebla, y que no se ha reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Biestro Medinilla adelantó que también se revisarán las cuentas del gobernador en funciones, Antonio Gali Fayad, quien fue secretario de Infraestructura de Moreno Valle.

El diputado electo José Juan Espinosa Torres agregó que la bancada de Morena revocará la concesión del servicio hídrico que desde 2014 tiene la empresa Agua de Puebla, que suministra el líquido a la capital del estado e incrementó las tarifas hasta en 500 por ciento.

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La honrosa medianía

La honrosa medianía
John M. Ackerman
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Los funcionariospúblicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, expresó Benito Juárez al abrir, como gobernador, el primer periodo de sesiones de la X Legislatura del estado de Oaxaca, el 2 de julio de 1852.

Este principio de la honrosa medianía fue incorporado desde 2009 en el artículo 127 de nuestra Constitución. Ahí se señala, por un lado, que todos los bonos, estímulos y compensaciones recibidos por los servidores públicos deben considerarse como parte de su remuneración y, por otro lado, que “ningún servidor público podrá recibir remuneración… mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

No hay lugar a duda o confusión alguna al respecto. Si Andrés Manuel López Obrador reduce su salario a la mitad y se deshace de todos sus bonos y compensaciones, absolutamente todos los otros servidores públicos en el país, incluyendo el Poder Judicial, el Congreso de la Unión, los órganos autónomos, y también en todas las entidades federativas y los municipios del país, tendrían que ajustar sus salarios de manera ­correspondiente.

Nadie, absolutamente ningún servidor público, puede ganar más que el Presidente. Es un mandato constitucional.

Sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario, entonces luego a robar, ¿o qué?, respondió el año pasado el senador Javier Lozano a la propuesta de López Obrador de reducir a la mitad los salarios de los altos funcionarios públicos. Las remuneraciones dignas son condiciones necesarias para un servicio público indispensable, sostuvo la semana pasada el presidente de la Suprema Corte de ­Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en aparente réplica a la ratificación de parte del ganador de las elecciones del primero de julio de su propuesta.

Lozano y Aguilar tienen razón, en parte. Quien trabaje en el gobierno o sirva al Estado mexicano merece, sin duda, contar con un salario digno que le permita contar con las condiciones básicas de comodidad y seguridad necesarias pa­ra poder desempeñar con profesionalismo y rectitud su encargo público. De lo contrario, se merma el desempeño de los servidores públicos y se genera un caldo de cultivo para la corrupción, el conflicto de interés y la extorsión.

Ello aplica no solamente para los secretarios de Estado y los ministros de la Corte, sino también para los policías, los maestros, los bomberos, los médicos, los agentes del Ministerio Público y absolutamente todos los empleados públicos.

Así que la pregunta clave no es si los servidores públicos merecen una remuneración digna, sino cuál sería el monto del piso mínimo necesario y cómo justificar las discrepancias entre los diferentes cargos. Resulta evidente, por ejemplo, que ni los 100 mil pesos anuales que gana un maestro de primaria, ni los más de 4 millones de pesos anuales que reciben los ministros constituyen ejemplos a seguir.

Para poder cumplir plenamente con su alta responsabilidad social de educar y formar a las nuevas generaciones, los dignos maestros del país deberían recibir por lo menos el doble de lo que actualmente ingresan. Y una reducción de 50 por ciento en los salarios de los ministros difícilmente mermaría sus condiciones de sobrevivencia, más allá de quizás tener que remplazar vinos franceses por cervezas mexicanas y camionetas alemanas por autos compactos hechos en Japón.

Ahora bien, es cierto que el artículo 94 de la Constitución también señala claramente que la remuneración de los jueces, los magistrados y los ministros federales no podrá ser disminuida durante su encargo. Esta importante disposición tiene el objetivo de evitar la intervención indebida de otros poderes en la independencia del Poder Judicial por medio de chantajes con respecto a sus salarios.

Sin embargo, la disposición del ar­tículo 127 tiene el mismo rango que el del artículo 94. Además, el hecho de que la disposición sobre salarios máximos se aplica de manera general, para todos los poderes, niveles y organismos públicos de la Federación, dificulta su eventual interpretación como una afectación específica a la autonomía del Poder ­Judicial.

De hecho, permitir la inaplicación del artículo 127 solamente para el Poder Judicial generaría un terrible precedente, ya que rompería de tajo con el principio de supremacía constitucional. Ello colocaría a los jueces fuera del marco jurídico nacional y podría abrir la puerta para todo tipo de abusos futuros, aún peores a los que ya estamos acostumbrados.

En lugar de buscar pretextos para generar conflictos estériles entre los diferentes poderes de la nación, la mejor salida sería que absolutamente todos y todas asumamos nuestra responsabilidad y nos sumemos al esfuerzo colectivo de construir una nueva República basada en los principios de la austeridad republicana y la justicia social.

johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

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El asbesto continúa su nocivo reinado en México

El asbesto continúa su nocivo reinado en México
Iván Restrepo
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En febrero pasado, y gracias a la presión ciudadana, fueron retirados del servicio tres de los 36 vagones del Metro de Buenos Aires adquiridos en 2011 en Madrid, España. La causa: ciertas partes de ellos contenían asbesto, material prohibido en muchos países por ser carcinógeno. El gobierno de Buenos Aires aseguró que la cantidad de asbesto no constituía ningún peligro por estar en un lugar al cual no tienen acceso los pasajeros.

Nadie creyó tal explicación y un mes después, el sindicato del Metro paralizó cuatro horas todo el servicio para exigir que el gobierno hiciera las pruebas sanitarias requeridas para saber el grado de peligro al que están expuestos empleados y usuarios, y conocer el estado de salud de quienes han tenido contacto con el asbesto. Además, investigar si el gobierno de Madrid sabía que los vagones que vendió al de la capital argentina tenían partes con dicho mineral. Son unidades fabricadas hace 40 años y se compraron cuando Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires. Hoy es el presidente de Argentina.

Los trabajadores del Metro bonaerense se enteraron de la existencia y peligrosidad del asbesto por las protestas de sus colegas madrileños que lo descubrieron en el Metro local. Los directivos de la empresa fabricante sabían desde 2003 de su presencia en instalaciones y trenes, pero ocultaron el hecho. Por lo menos cinco trabajadores tienen problemas de salud por su contacto con fibras de asbesto. La empresa vendedora y la compradora dijeron que no había peligro para quienes laboran en ambos medios de transporte. Sin embargo, en el de Madrid ahora retiran las partes que lo contienen.

En México el asbesto está en muchos lugares y hasta se importa desde Canadá. En La Jornada Ecológica publicada en enero de 2013, se denunció el problema. Con datos muy precisos, varios especialistas (Eduardo Robles Pérez, Cuauhtémoc Arturo Juárez-Pérez, Isabel Alvarado Cabrero, Flavio Gerardo Rico Méndez, Guadalupe Aguilar Madrid, Fabiola Nieto Hernández y Kelly García Javier) documentaron los daños que ocasiona en la salud de los trabajadores expuestos. La doctora Aguilar Madrid, responsable de la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó la gravedad del asunto y cómo las estadísticas fallaban al subestimar el número de afectados. También cómo los daños en la salud de una persona pueden tardar años en manifestarse y no hay seguimiento epidemiológico de ellas. Denunció que en el país el asbesto se utiliza, entre otras cosas, para elaborar pastas de embragues, frenos, balatas, ductos de aguas negras, como impermeabilizante en láminas para techos y en la elaboración de cemento asbesto.

 

A principios del siglo, más de mil 800 negocios ubicados en Ciudad de México y su zona conurbada lo utilizaban en sus procesos productivos. Y en julio de 2013 se descubrió que más de 800 toneladas de ese material, importadas de Rusia por la empresa Mexalit, llevaban ocho meses al aire libre en la Central de Abastos de Veracruz. Como respuesta, las instancias oficiales (secretarías de Salud y Medio Ambiente, por ejemplo) negaron que ese tonelaje fuera un peligro. Finalmente, con resguardo de la Policía Federal, el asbesto fue trasladado a Tizayuca, Hidalgo. Aunque las autoridades dijeron que iban a vigilar la salud de los trabajadores que estuvieron expuestos a dicho cargamento, nunca lo hicieron.

Ese mismo año, en la Cámara de Diputados se pidió al presidente Enrique Peña Nieto prohibir la importación y uso del asbesto. Nada pasó: sigue utilizándose en diversas actividades económicas y miles de trabajadores y personas se hallan expuestas a tan nocivo material.

Y para documentar nuestro pesimismo, Mikel Arriola presumió en la pasada contienda electoral ser un defensor de la familia. Fue de 2011 a 2016, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (Cofepris), instancia responsable de evitar los daños por el asbesto. Luego estuvo como director del IMSS, donde no hay seguimiento epidemiológico de las personas potencialmente afectadas por dicho material.

¿Y el derecho constitucional a la salud?

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