Chiapas, al borde del estallido por pugnas sociales e inseguridad

Desplazados, destrozos, robos, extorsiones y asesinatos

Crece conflictividad en Chiapas por pugnas sociopolíticas e inseguridad

Destacan la fragmentación partidaria y la implantación de formas de crimen organizado en la región tzotzil

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▲ Familias tzotziles desplazadas en Shishemantik, Calchihuitán, Chiapas, el 24 de septiembre.Foto Hermann Bellinghausen
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▲ Una patrulla municipal incendiada a la entrada de San Juan Chamula, el 26 de septiembre.Foto Hermann Bellinghausen
Hermann Bellinghausen
Enviado.
Periódico La Jornada
Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 5
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San Cristóbal De Las Casas, Chis., Presidencias municipales cerradas o saqueadas, concejos municipales (sustitutos del gobierno electo) en localidades donde ha ocurrido algún asesinato político significativo (Oxchuc, Amatán, Arriaga, Chalchi­huitán) y hay disputa por el poder local, lo cual deja a su paso una estela de desplazados, destrozos, robos de cosechas, despojo de tierras, ex­torsiones de todo tipo y un racimo de asesinatos. En breve recorrido de La Jornada por algunas localidades de Los Altos (Chenalhó, Chalchihuitán, Chamula, el San Cristóbal de Las Casas rural y urbano), y testimonios directos de Oxchuc, El Bosque, Ocosingo y Las Margaritas, se percibió la evidencia de situaciones explosivas. La conflictividad social, la inseguridad y la descomposición comunitaria en Chiapas se ha acentuado a un grado que debe llamar a alarma. La suma de ingredientes resulta abrumadora.

Cabe incorporar a este recuento un inusual temor a hacer denuncias y declaraciones, parejo a una tendencia de las fuentes gubernamentales al menos a escala municipal y comunitaria, dirigida a inhibir las antes habituales denuncias a medios u organismos civiles; ello mediante promesas de solución condicionadas al silencio o amenazas veladas.

Por encima de todo destacan la fragmentación partidaria y la implantación de formas de crimen organizado en la región tzotzil, con la inseguridad y el miedo que conllevan. Tan sólo el actual conflicto en San Juan Chamula, a 12 kilómetros de esta ciudad, plantea un escenario de potencial guerra entre grupos civiles fuertemente armados y la Guardia Nacional, la cual ya registró una baja en Bochil esta semana.

Un grupo encabezado por Juan Shilón Gómez exige la destitución del alcalde morenista, Ponciano Gómez Gómez. El pasado día 25, dos representantes comunales y un topil fueron secuestrados por un grupo armado, y exhibidos en una foto de rodillas, ensangrentados; cuatro encapuchados en uniforme de campaña apuntan hacia ellos con tremendas armas largas. Si no se cumplen las exigencias los quemarían vivos. Circuló en Twitter un video donde suplicaban en tzotzil y español al gobierno que respondiera a sus captores, quienes amenazaban con quemar la casa del actual alcalde. La tarde del jueves la presidencia municipal estaba cerrada, luego de ser vandalizada. Una gran manta hecha de prisa exigía sobre la fachada al gobernador: Ya tome cartas en el asunto, y Respeto a San Juan Chamula.

A la entrada de la cabecera municipal, una patrulla quemada a mitad de la carretera servía de advertencia. Los medios hablaron de que la Guardia Nacional estaba lista para intervenir, pero no estuvo en las inmediaciones de Chamula. Eso sí, había halcones, como en las películas, atentos a quienes transitaban rumbo a Chamula. En el centro del pueblo el aire se podía cortar con cuchillo: comercios cerrados o vacíos, por la calles pocas mujeres, y grupos de hombres espiándose unos a otros.

Pero este es sólo un caso. La comunidad de Chavajebal, en El Bosque, se encuentra en vilo por la hostilidad contra bases de apoyo zapatistas y priístas por un grupo armado de 40 componentes autodenominado Alianza Morenista y se apoya en el gobierno municipal. La población entera debió desplazarse dos semanas a fines de 2018, después de la ejecución del agente municipal y el comisariado ejidal; allí el ambiente de peligro se mantiene, las balas perdidas, los hostigamientos. La negociación entre las partes y el gobierno está estancada, si no es que saboteada. Existen amenazas y una campaña en redes sociales contra el párroco indígena de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, por intervenir en favor de las víctimas.

En tanto, en Oxchuc la interminable disputa por el poder municipal entre partidos recién causó un choque grave. En Chalchihuitán siguen fuera de sus tierras decenas de familias, nueve grupos de ocho comunidades hasta hoy bajo el fuego que detonan los paramilitares desde el vecino Chenalhó, dentro de un añejo conflicto de límites que se recrudeció a fines de 2017. Los desplazados en Sishemtontic se dijeron abandonados y negados incluso por el gobierno municipal. Un escenario equivalente se registra en la colindancia entre Chena­lhó y Aldama, que afecta también al municipio autónomo zapatista. En Acteal, también Chenalhó, la sociedad civil Las Abejas sufrió la semana pasada la destrucción de su clínica y tres viviendas en el campamento de desplazados, santuario católico y sede de la organización, mientras varias familias de Río Jordán, en Los Chorros, se encuentran desplazadas de su comunidad. En estos últimos dos casos, las autoridades municipales y de Río Jordán descalifican la denuncia pública como método, y exigen que no se realice, para entonces sí negociar.

El viernes 27, pobladores de Chalchihuitán denunciaron que la víspera fueron retenidos y privados de su libertad los regidores Javier Nuñez Pérez y Mateo Pérez García, por miembros del concejo municipal. Este viernes fueron detenidos de igual forma Ricardo Núñez Pérez, Rafael Núñez López y Julio Girón Pérez, y se les reportó en calidad de desaparecidos.

En la selva fronteriza un reciente crimen conmocionó a la población. En el río Santo Domingo, cerca del balneario Las Nubes, municipio Las Margaritas, fue encontrada una pareja de pobladores decapitados y descuartizados. En Comitán, en tanto, opera una organización que secuestra a los beneficiarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (que se propone estimular la capacitación laboral de los que no estudian), les cobra la mitad de sus 3 mil pesos mensuales, retiene la tarjeta y los muchachos deben acudir cada mes a recoger su parte. No pocos han sido reclutados por sus captores.

Tan sólo de Chamula hay mucho más que decir, lo mismo que de San Cristóbal, municipio con el cual sostienen los chamulas una paradójica oposición simbiótica (la población de ex desplazados indígenas en San Cristóbal pronto podría ser mayoritaria). En la ciudad abundan testimonios de los desmanes y alardes de un grupo delincuencial llamado Los Motonetos, algo más que mito urbano, que ya realizó una protesta nocturna con, se dice, 300 motociclistas sin placas patrullados por vehículos también sin placas, desafiando al gobierno sancristobalense. Se les atribuyen asaltos y violencias armadas. Originalmente habrían sido organizados, sostienen diversas fuentes, por el anterior alcalde coleto, Marcos Cancino, empresario del Partido Verde y evangélico, para control territorial. Ahora parecen mandarse solos.

En Chamula se repiten intentos de secuestro de niños y desapariciones. El contexto incluye una añeja práctica de tráfico de personas, tanto migrantes (polleros) como para explotación sexual, y más recientemente la producción local de pornografía infantil y de adultos, que se vende abiertamente en los mercados urbanos. Se reportan feminicidios impunes cuyos autores son conocidos. Por no hablar de drogas, un comercio conocido por años. Un amigo tzotzil radicado en San Cristóbal me transmite el impacto que le causó ver a unas jovencitas indígenas así, con sus ropas tradicionales, aspirando cocaína en la calle.

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