La reforma del IMSS: dos décadas perdidas

La reforma del IMSS: dos décadas perdidas

Asa Cristina Laurell

El primero de julio la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió 20 años. Vale recordar que se aprobó en diciembre de 1995, en medio de multitudinarias manifestaciones, solamente con el voto del PRI. Su entrada en vigor se pospuso año y medio, pero el gobierno priísta de Zedillo forzó su aprobación para cumplir las condiciones de los préstamos emergentes del Tesoro de Estados Unidos (EU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El aspecto más impugnado y discutido de la reforma es la creación de las cuentas de capitalización individual, fuente de inmensas ganancias de las Afores y de magras pensiones de los trabajadores. Se introdujo así un esquema pensionario fallido desde un principio que, además, trasladó el costo de la reforma a las finanzas públicas al aceptar el gobierno el costo de transición al nuevo sistema y el complemento de la pensión garantizado de un salario mínimo. Otro problema menos señalado, pero que pronto será de gran trascendencia, son los innumerables problemas burocráticos al tramitar la pensión. Según Consar hay 58 millones de cuentas registradas, 40 millones de trabajadores registrados y sólo unos 20 millones de ahorradores frecuentes o cuentas activas. Detrás de estos números incoherentes se esconde un mar de problemas de registro, de números de seguridad social duplicados, de salidas-entradas al mercado de trabajo; problemas que dificultarán o impedirán el acceso a la pensión de muchos millones de trabajadores.

El papel del IMSS en el sistema de pensiones se restringe actualmente a cobrar las cuotas y canalizarlas a las Afores, pagar las pensiones regidas por la vieja ley de Seguro Social y del seguro de riesgos de trabajo. Hoy la función más importantes del instituto es la prestación de servicios de salud y es la institución más destacada en este ámbito. Su financiamiento corresponde al 45 por ciento del total en rubro salud del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017 y del presupuesto propio del IMSS 74 por ciento corresponde a salud. En el rubro de servicios personales 97 por ciento se gasta en personal de salud.

Las autoridades del IMSS han presentado como un gran avance la formalización creciente del empleo, pero el aumento promedio de registro de trabajadores en el periodo 2013-2016 sólo ha sido de 647 miles anuales contra los 1.2 millones de nuevos puestos de trabajo requeridos cada año. En consecuencia el porcentaje de trabajadores en actividades informales ya representa más de la mitad de la PEA. Sigue habiendo espacios grandes para la afiliación. Según Inegi hay 33.6 millones de asalariados, lo que significa que por lo menos 12 millones carecían de seguro social al inicio de 2017. En el extremo están las más de 2 millones de trabajadoras domésticas, de las cuales sólo 3 mil 359 estaban aseguradas en 2016.

La interrogante obvia es por qué no se ha construido el tan publicitado sistema universal de salud sobre la base del IMSS en vista de que el intercambio de servicios interinstitucional es un camino intransitable. La respuesta es que el gobierno mexicano no está dispuesto a dedicar los recursos mínimos necesarios para garantizar el acceso a los servicios de salud requeridos a todos los mexicanos, sino que sigue apostando al sistema público dual de Seguro Social y Seguro Popular.

Mientras tanto el IMSS ha hecho ahorros en sus servicios de salud. Es de subrayar que cerca de 50 por ciento de estos ahorros se deben a la tercerización de servicios y sólo 26 por ciento a las compras consolidadas. La justificación de los ahorros es que el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es deficitario. Lo que no se señala es que el déficit se debe en gran medida a dos de los cambios introducidos por la reforma de 1995/97: la baja global de la cotización patronal con la introducción de una cuota única hasta los tres salarios mínimos y un cálculo equivocado del costo del seguro médico de pensionados (SMP) fijado en 1.5 por ciento sobre la masa salarial de los trabajadores activos. El SMP representa la mayor carga financiera del instituto, estimada en unos 51 mil millones en 2016 y 2017 versus un déficit de 7.4 millones en 2017 de los asegurados activos, aun incluyendo el costo de las pensiones de los trabajadores del propio instituto que siempre se presenta como el problema más importante del SEM. Otro problema que se añade a partir de 2017 es que la cuota patronal se calculará sobre la base de la unidad de medida y actualización (UMA) y no el salario mínimo.

La gran promesa de la reforma hace 20 años fue dar viabilidad al IMSS. No se ha cumplido. Tampoco se ha aprovechado a ese instituto para garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, establecido en 1983. Es la reforma de dos décadas perdidas.

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