Sin facultad legal, Sedena gasta 18 mil millones en seguridad pública

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Pese a carecer de facultades legales en materia de seguridad pública, la Sedena habrá gastado más de 18 mil millones de pesos en ese rubro entre 2013 y 2017. El presupuesto costea retenes, operativos y patrullajes que involucran a más de 120 mil soldados. La militarización del país sólo ha recrudecido la violencia, señalan defensores

En 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un presupuesto de 3 mil 982 millones 370 mil pesos etiquetados específicamente para funciones de seguridad pública, a pesar de que recientemente la institución ha reconocido que carece de facultades legales en esa materia.

Del monto total, 3 mil 145 millones 410 mil pesos se destinarán a su Programa de Seguridad Pública; 759 millones 30 mil a su Programa de Justicia Militar; 61 millones 910 mil a derechos humanos (sic), y a su Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres 16 millones 10 mil pesos.

En total, la dependencia que encabeza el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda habrá gastado 18 mil 26 millones 490 mil pesos para esa función, en lo que va del actual gobierno: 3 mil 445.74 millones en el primer año de Enrique Peña; 3 mil 528.42 millones en 2014; 3 mil 426.79 millones en 2015; 3 mil 643.17 millones en 2016, y los casi 4 mil millones de este año.

Para el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, “en esta nueva oleada de militarización, con la estrategia de guerra y de oposiciones contra el narcotráfico, vemos un acrecentamiento de la violencia, de la inseguridad y la multiplicación de los grupos de la delincuencia organizada”.

Entrevistado por separado, el abogado Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, coincide: “los diagnósticos revelan que las violaciones a los derechos humanos están aumentando [por la militarización del país]”.

Agrega que “no se puede decir que, a 10 años de que el Ejército está afuera [de sus cuarteles], haya disminuido la violencia en los territorios donde han detenido criminales. Pese a todos los capos que han capturado y a los que han ejecutado en lo que llaman la letalidad perfecta, pareciera que [el crimen] es interminable: el enemigo que ha marcado el Estado mexicano, como tal, es inacabable. Cuando lo combaten se reproduce”.

Datos oficiales de la Sedena refieren que su principal “contribución” a la seguridad pública consiste en la “coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, a través de 32 grupos” –uno por entidad– destinados a atender “problemas de seguridad pública, incidencia delictiva, delincuencia organizada, movimientos sociales, procesos electorales, grupos transgresores armados y el Plan DN-III-E” (para emergencias).

Para ello, la Sedena cuenta con 142 bases de operaciones mixtas en 22 entidades, consideradas zonas de alto riesgo por inseguridad pública. En éstas participan hasta 3 mil 300 militares y hasta 1 mil 300 civiles por estado.

La inversión en el campo de la seguridad y en la participación del Ejército en esas tareas no ha derivado en mejorías para la sociedad, señala en entrevista con Contralínea el antropólogo Abel Barrera.

Ejemplifica con el caso de Guerrero: “Somos el estado menos pacífico, como lo señaló el informe del Índice de paz 2016, donde los costos de la violencia son muy altos y el estado es muy pobre. Así, pobreza y violencia es el binomio trágico de Guerrero, con casos graves como las desapariciones forzadas, como el de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal [Rural de Ayotzinapa], y las ejecuciones que en algunas colonias ha cometido el mismo Ejército”.

Para el defensor, las violaciones graves a los derechos humanos “hablan de la falta de controles internos dentro del mismo Ejército, pero también de lo que ha significado que un instituto castrense se coloque por encima del marco legal y que no haya autoridad civil que le pida cuentas”.

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