La de Duarte, una deuda de sangre

Requerido por el gobierno mexicano bajo los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, Javier Duarte también es reclamado en el estado que gobernó. Cientos de familias exigen que sea juzgado igualmente en Veracruz por cientos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por policías. Incluso la Fiscalía General del Estado pide adjuntarse en la petición de extradición y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas pide saldar, con investigaciones productivas, la “deuda de sangre” que tiene la entidad con el gremio periodístico.

XALAPA, Ver. (Proceso).- Más allá de los desfalcos y la desmesura de los abusos en los que incurrieron él y su familia, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa está marcado por el sello indeleble de la violencia, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones y las fosas comunes en una entidad cogobernada por políticos y criminales donde se pierde la frontera que distingue a unos de otros.

El admirador del dictador español Francisco Franco; el mandatario que solía huir de las madres con hijos desaparecidos que buscaban confrontarlo; el autoritario que quería imponer por mandato una realidad virtual en Veracruz, como cuando presumió que los únicos delitos en el estado eran robos a los Oxxo; el que llevó a esta entidad a la quiebra; el que con dinero público movía a la prensa oficialista, que lo premió como prócer de la libertad de expresión aun cuando la entidad es conocida en el mundo por ser cementerio de periodistas, tiene que pagar infinitamente más que los miles de millones de pesos robados al pueblo.

Hasta ahora, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido omisa en aludir a esa otra parte de la historia negra del sexenio duartista.

 

Mientras en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala Duarte aguardaba la solicitud formal de extradición del gobierno mexicano, que la presentó el viernes 21 a las 15:49 horas, en Veracruz –estado que gobernó del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016– los familiares de desaparecidos y de reporteros asesinados, además de otros periodistas y políticos de oposición, exigían que el exmandatario rindiera cuentas sobre la ola de terror que él y su gabinete de seguridad pública y procuración de justicia sembraron durante su sexenio.

Diecinueve periodistas de medios estatales fueron asesinados bajo su gobierno. Tres reporteros (Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Anabel Salazar, de El Buen Tono, y Armando Saldaña, de la Ke Buena) perdieron la vida en otras entidades pero trabajaron en el estado, y tres comunicadores más fueron desaparecidos, consigna la organización civil Report

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